El Aconcagua sufre una situación crítica, profunda, alarmante.

Hay quienes se niegan a creer que nos encontramos frente a un profundo y peligroso cambio climático, señalan que sólo se trata de un slogan con propósitos políticos, es una nueva especie de negacionismo, de la misma manera en que antes se negaban las violaciones a los DD.HH, que por cierto siguen ocurriendo, y se siguen negando. Se pretende desconocer la evidencia empírica, no sólo la de los estudios y de la meteorología, sino de aquella que constata a diario la gente, sobre todo la del campo, que tiene mayores niveles de interdependencia e interrelación con la naturaleza, inquietos por la ya persistente ausencia de lluvias.

Durante aproximadamente 20 años en nuestra zona no llueve como antes, la temperatura ha aumentado ostensiblemente, de manera tal que nuestra cordillera no acumula la nieve necesaria para el riego, y lo más triste, no permite la acumulación natural de agua que los glaciares producen. La legislación de aguas genera condiciones de apropiación privada del recurso, que permite la utilización indiscriminada de acuerdo a los derechos que cada cual tenga. Nos rige además una ley de fomento al riego y drenaje, 18.450, que por años subvencionó el cultivo indiscriminado de hectáreas superiores a las que hoy nuestra escasa agua puede regar, las cuencas han sido sobreexplotadas, varios de nuestros glaciares fueron arrasados principalmente en los año 80, y lo siguen siendo,  sin que aún exista una legislación que los proteja. En  la zona de la precordillera para encontrar agua, los pozos, y si la suerte acompaña, se encuentran a más de 150 metros, con la millonaria inversión que esto significa, y que por supuesto, solo algunos pueden pagar.

Comunas del Aconcagua, como Petorca, ya no tiene siquiera agua para el consumo humano, debiendo repartirse el vital elemento en camiones aljibes, mirando con desconsuelo los cerros que la rodean como verdaderos vergeles, y todo sigue igual.

Durante décadas se han decretado zona de emergencia hídrica, de crisis hídrica, de escases hídrica. Estamos repletos de estudios, análisis, diagnósticos, informes, evaluaciones, y solo eso. Nada concreto, nada estructural, las mismas leyes, casi la misma infraestructura.

Se siguen suscribiendo tratados internacionales tendientes a aumentar cada vez más la intermediación comercial, y evidentemente, nuestros suelos serán cada vez más depredados, más erosionados, las cuencas más sobreexplotadas, para solo llenar los bolsillos de quienes se dedican a la exportación de materias primas, sin ningún criterio de sustentabilidad ambiental. Los agricultores nativos y más pequeños deben dejar su actividad porque los suelos se secan. Solo ganan algunos, los de siempre.

Este año ha sido particularmente dramático, la sequía ha golpeado sin piedad nuestra zona. Cientos de ganaderos, crianceros han perdido miles de animales, única fuente de recursos de que disponen. El Ministerio de Agricultura colabora en menor proporción a la urgencia que nos ocupa, y principalmente a usuarios PRODESAL, que es solo el 25% de las personas que tienen ganado, el resto no recibe ayuda alguna, o de manera muy reducida.

Las labores asociadas a la agricultura han disminuido en cerca de un 30%, con la consiguiente carga de cesantía que esto provoca. Debe considerarse que en nuestras zonas rurales gran parte de trabajadores y trabajadoras solo tienen trabajo en esta época, para poder subsistir durante el resto del año. Y esto no es el estallido social con que se quiere responsabilizar todo lo referente a desempleo.

En nuestra zona además,  gran parte de la población consume agua a través de los comités de agua potable rural, con pozos que se están secando rápidamente, y si no llueve de acá a abril la situación será caótica.

Consientes de esto y la tragedia que esto acompaña, desde el mes de junio solicitamos se decretara zona de catástrofe, decreto que después de mucha insistencia entro en vigencia el 26 de septiembre, designándose como delegado presidencial para estos efectos al Intendente Jorge Martínez.

A la fecha aún no conocemos ninguna de las medidas para enfrentar la zona de catástrofe, o que sean de real impacto. Aun es más, el delegado presidencial, nuestro Intendente, siquiera se ha reunido a coordinar acciones concretas con los alcaldes, teniendo todos solo interacción con los gobernadores provinciales, quienes evidentemente carecen de las facultades de gestión para abordar temas de alta y rápida resolutividad acorde con el drama que nos afecta.

La semana pasada tuvimos a lo menos el gesto, que sin duda agradecemos, de ser recibidos por Ministro de Obras Públicas, es decir, antes que con el Intendente, siendo que solo lleva dos meses en el cargo. Se nos dio a conocer el plan Aconcagua, el que de todos modos solo contiene medidas paliativas respecto de la sequía, sin anuncios importantes, como un embalse de cabecera, que es la única gran medida que podría resolver los graves problemas que cada vez se irán acentuando.

Por supuesto solidarizamos con todo lo que está viviendo la gente de Valparaíso con lo del estallido social y el incendio, empatizamos con su dolor y abogamos por que se les ayude de la mejor manera que sea posible, pero nuestra primera autoridad regional debe considerar que también el interior de la región existe. Debe considerarse que el estallido social comenzó un mes después de la puesta en marcha del decreto de catástrofe, y aún a la fecha no visita la zona a hacerse cargo de lo que le encomendó el presidente de la República.

Los estallidos sociales no son producto de la generación espontánea, tienen siempre un origen, muchas veces silencioso y que explotan cuando las situaciones se hacen insoportables. La buena política es la que es capaz de detectar estos conflictos antes que la situación se haga insostenible para comenzar a dar soluciones. La mala política cree estos se resuelven solo con represión cuando las cosas ya están sobrepasadas. Que a lo menos este escrito sirva para dejar constancia que estamos dando a conocer lo que en el futuro pudiera ocurrir.

Intendente, Aconcagua también existe.
NELSON VENEGAS SALAZAR. ABOGADO. ALCALDE DE CALLE LARGA Y PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN MUNICIPIOS QUINTA REGION ACONCAGUA.